La presente Política de Protección de Datos se ajustará en todo momento a las prescripciones legales vigentes en materia de protección de datos, y en especial:

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “Reglamento General de Protección de Datos”, o “GDPR”);

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (“LOPD”);

- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (“Ley 2/2023”);

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; y

- demás normativa de desarrollo, tanto europea como española, que pueda resultar de aplicación.

Los datos personales relativos a las informaciones recibidas y a las investigaciones internas efectuadas sólo se conservarán durante el plazo que sea necesario, que en ningún caso será superior a los 10 años.

En todo caso, transcurridos tres meses desde la recepción de la comunicación sin que se hayan iniciado actuaciones de investigación, se suprimirán todos los datos.

Las personas vinculadas a las denuncias que se reciban (denunciante, denunciados y testigos) podrán ejercer su derecho de acceso a los datos personales, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. También podrán solicitar la limitación y oposición del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular.

No obstante, a este respecto se hace constar que, de acuerdo a lo que dispone la referida ley 3/2023, en el caso de que la persona a la que se refieran los hechos relatados en la comunicación ejerciese el derecho de oposición, se presumirá, salvo prueba en contrario, que existen motivos legítimos imperiosos que sí legitiman el tratamiento de sus datos personales.

El acceso a los datos personales quedará limitado exclusivamente a:

▪ El Gestor del Sistema.

▪ La Dirección de Administración y Recursos Humanos sólo en los supuestos de que se tengan que adoptar medidas disciplinarias contra una persona trabajadora.

▪ La persona Responsable de los Servicios Jurídicos, sólo en el caso de que se tengan que adoptar medidas legales en relación a los hechos manifestados en la comunicación.

▪ La persona delegada de protección de datos.